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| Fuente: netámbulo.com |
Ante el fracaso de este primer intento, al ser declarado el pasado 21 de octubre "ilegal e indiscriminado" por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, ahora el reto camina por otros derroteros. Aunque los usuarios si que seguirán pagando, los que se salvan son las administraciones públicas y otras entidades. En estos momentos se estudia la posibilidad de obtener beneficios de los adjudicatarios de las licencias de las cadenas de la TDT, tanto públicas y privadas, como estatales, autonómicas o locales. En la misma línea se mantienen otras asociaciones como AISGE, defensora de los derechos de los actores, con Pilar Bardem como cabeza visible, que ya posee un contrato cerrado sobre el asunto en las nuevas televisiones. Pero no sólo la nueva televisión digital es el objetivo, el móvil, el ADSL, la televisión de pago por satélite, son algunos de los sectores cuyas negociaciones ya ven el ocaso y los beneficios para las sociedades reconocen que serán cuantiosos.
El principal problema que surge con el nuevo naufragio en el mercado del siglo XXI reside en qué tipo de tarifas cobrarán, una polémica bastante candente en estos momentos. Las sanciones por parte de la Comisión Nacional de la Competencia giran entorno al cobro de precios diez veces superiores a las cadenas privadas que a las públicas. Además, numerosos colectivos piden mayor transparencia en sus gestiones, así como una reforma de la Ley de propiedad intelectual, que para muchos es deficiente. A pesar de todo ello, es cierto que la nueva dinámica de descargas está reduciendo las arcas de las entidades y que de algún modo debían renovar las condiciones de la negociación. Ahora el mercado se encuentra algo confuso, pero ya se aprecian las líneas que conducirán al cierre de los acuerdos entre los distintos grupos y despejará algunas dudas, y otras seguramente no.
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